Propone Coparmex que el gobierno apoye el empleo formal con 204 mil mdp

*El apoyo iría directo a los trabajadores a través de tres esquemas: Salario Solidario, Seguro Solidario y Bono Solidario: Yúdico
POR AGP

Celaya, Gto. (15 de junio de 2020).- La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso, este lunes, al gobierno federal, apoyar con 204 mil millones de pesos, aproximadamente, a los trabajadores que hayan perdido el empleo, a quienes estén en riesgo de perderlo por falta de liquidez de las empresas y a quienes obtengan un nuevo empleo, bajo un esquema de participación tripartita: gobierno, empresarios y trabajadores.
En la propuesta, presentada como “3 Remedios Solidarios para Aliviar el Desempleo”, plantean las tres opciones: el Salario Solidario, el Seguro Solidario y el Bono Solidario, cuyo costo equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB), el cual podría financiar a través de deuda pública razonable o mediante la reorientación del gasto público en obras que no son esenciales en la situación actual, como: el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya.
Juan Yúdico Herrasti, presidente de la Coparmex Celaya, aclaró que el recurso no es para las empresas, sino para los trabajadores, a quienes el gobierno entregaría directamente, en la forma que considere conveniente, pero bajo los tres esquemas que plantean, para fortalecer el empleo formal, a través del cual el gobierno capta, de patrones y de trabajadores, el 7% del PIB, por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
La coparmex considera que “en estos tiempos de emergencia se necesitan soluciones compartidas, remedios solidarios, donde los trabajadores, el gobierno y las empresas se comprometan a colaborar con recursos y trabajo para conservar los empleos en riesgo. Muchos países han adoptado estas medidas, el nuestro aún no. El costo de no implementar estas medidas puede ser muy alto. Todavía estamos a tiempo”.

LOS TRES REMEDIOS SOLIDARIOS

El Salario Solidario es un salario menor o igual al salario con el que cuenta cada trabajador. Está compuesto por las contribuciones del gobierno, las empresas y los trabajadores, con el fin de evitar despidos ocasionados por la caída de los ingresos que enfrentan las empresas por el Covid 19.
Funciona bajo el siguiente esquema: el gobierno paga una parte del salario del trabajador formal (la proporción depende del nivel salarial del mismo), el patrón paga otra proporción del salario y el trabajador acuerda recibir una proporción menor del mismo (los trabajadores que ganen entre 1 y 3 salarios mínimos seguirán recibiendo su salario de forma íntegra durante la contingencia, los meses de confinamiento y de recuperación gradual, de abril a agosto).
El Seguro Solidario es un apoyo equivalente a un salario mínimo general (3,696.6 pesos) para todos los trabajadores formales que hayan perdido su empleo. Es un seguro en línea con la propuesta del “Ingreso Mínimo Vital”.
Su funcionamiento es sencillo, dice: “se otorga el apoyo, por seis meses, del 15 de marzo al 30 de septiembre o antes, si el trabajador encuentra otro empleo. Su costo, para apoyar a 1.5 millones de trabajadores formales desempleados, se estima en 31 mil millones de pesos (0.1% del PIB). Con ello tendrían un ingreso mínimo vital para compensar los ingresos que ha dejado de recibir”.
El Bono Solidario es un incentivo a la contratación de empleo formal, con el fin de recuperar la pérdida de empleo registrada en los últimos meses, mediante una contribución del gobierno equivalente a una proporción del salario del trabajador contratado, por un periodo de tres meses, a partir de julio y hasta noviembre. El patrón se compromete a no despedir al trabajador en al menos seis meses. En caso de no cumplir, el patrón tendrá que rembolsar el bono recibido por el trabajador.
El apoyo se determinará a partir del número de nuevas plazas generadas en la empresa con respecto al mes anterior al que se solicita el primer apoyo por contratación. Con ello se incentiva la creación de empleos con salarios por encima del salario mínimo (con un tope de 3). Para los nuevos empleos creados que ganen menos de dos salarios mínimos, el gobierno contribuye con un bono equivalente a un salario mínimo por tres meses. Para los nuevos empleos creados, de dos salarios mínimos y menos de tres, el gobierno contribuye con bono equivalente a dos salarios mínimos por tres meses. Para los nuevos empleos creados que ganen entre tres salarios mínimos o más, el gobierno contribuye con un bono equivalente a tres salarios mínimos por tres meses.
El costo del Bono Solidario, si se crearan 300 mil empleos formales, sería de seis mil millones de pesos (0.025% del PIB). Con ello la crisis sería transitoria.

RED CIUDADANA 4.0: Deben actuar contra inseguridad gobernantes

*Desactivaron marcha contra inseguridad en Celaya
*Firman acuerdo con CMIC para agilizar obras estatales
*Avanza pandemia en Guanajuato; semáforo, en rojo



HUBO MÁS POLICÍAS QUE MANIFESTANTES

Pese a que la marcha contra la inseguridad, programada para este lunes en Celaya, no tuvo la respuesta esperada o las autoridades lograron desactivarla con el uso de “fuerzas extrañas”, los gobiernos de López Obrador, de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y de Elvira Paniagua no deben pasar por alto, ni dejar en el olvido los crímenes de tanta gente, que por sí solos empañan las administraciones federal, estatal y municipal. Que se manifieste o no la gente no debe ser el termómetro para actuar o dejar de hacerlo. Si quieren honrar el cargo para el que fueron electos y cumplir con los compromisos que hicieron con el pueblo que les dio su voto, deben poner empeño en devolverle la seguridad y la paz que prometieron en campaña. Así lo creen todos los que pretendían realizar una marcha pacífica, para hacerles entender que están cansados de tanta inseguridad, de los crímenes que se dan a diario y de los delitos que atentan contra su patrimonio.
Tal vez era cierto lo de los infiltrados, que pretenden ir más allá de una protesta pacífica, pero enérgica, para hacerles ver que ya no están conformes con las acciones que sus gobiernos están realizando o que dicen que realizan contra el crimen organizado, porque, sencillamente, no han dado resultados.
Para muchos, principalmente para los que están en el poder, desactivar una manifestación es un triunfo; para la gran mayoría de ciudadanos, no, porque eso no es solucionar el problema de fondo. Un problema que compete a los tres niveles de gobierno y a la misma sociedad a través de los organismos que ostentan alguna representación, aunque en la medida de las atribuciones legales que tiene cada quien. La sociedad confía en que no se queden cruzados de brazos, porque hasta hoy no han hecho valer las leyes ni el estado de derecho, más bien se han visto rebasados por la delincuencia.
Para la sociedad celayense fue evidente que este lunes hubo en Celaya más policías que manifestantes; les preocupó más la manifestación y su repercusión política, que la delincuencia, que tiene tomadas las calles de las ciudades y poblaciones del estado. En la Mesa de Coordinación Estatal para la construcción de la paz, que sesionó este lunes, deben tomar nota de ello.

EL COVID-19 AVANZA EN GUANAJUATO

Daniel Alberto Díaz Martínez.

Pese al trabajo realizado en Guanajuato para tratar de controlar la incidencia de la pandemia por el Covid-19, en Guanajuato se reportaron este lunes 4,406 casos confirmados, de los cuales 154 son nuevos, de las últimas 24 horas, con 299 defunciones; Celaya llegó a 364 casos confirmados y a 46 defunciones, sólo superado por León que registró 1,781 casos confirmados y 101 defunciones; Irapuato tiene 425 casos confirmados y 19 defunciones, según informe de Daniel Alberto Díaz Martínez.
Esta semana del 15 al 21 de junio, es la tercera consecutiva en semáforo rojo, por lo que no se han agregado más actividades a las esenciales, manteniendo la ocupación del 30% para hoteles, restaurantes y tiendas departamentales, entre otras.
Este lunes el Comité Estatal de Seguridad en Salud (CESSA) llevó a cabo una sesión extraordinaria, donde se estableció desarrollar un mayor apego a la clasificación correcta de defunciones sospechosas o confirmadas a COVID-19, en los certificados de defunción.

FIRMAN ACUERDO PARA REACTIVAR ECONOMÍA CON OBRAS

Al reconocer que el sector de la construcción es uno de los más importantes para reactivar la economía del estado, por la generación de empleo y por incentivar la compra de insumos para la ejecución de obra y los servicios relacionados con la misma, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM); la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato (CEAG), y el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (INIFEG), firmaron un acuerdo con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), delegación Guanajuato, que preside Javier Padilla Guerrero, para fortalecer la reactivación económica de la entidad.
Con dicho acuerdo, las dependencias se comprometen a implementar proceso ágiles y simplificados que coadyuven y aceleren la reactivación económica. Por su parte, la CMIC se comprometió a continuar protegiendo a los trabajadores de la construcción, coadyuvando en la estabilidad económica familiar, promoviendo la productividad entre sus agremiados y participando en los procesos que las dependencias estatales implementen para tal efecto.

PROTESTAN MÉDICOS POR CONTRATAR A CUBANOS

Colegios de médicos de diversas especialidades de este país, enviaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la opinión pública una protesta una protesta por la contratación de 585 médicos cubanos, por 6.2 millones de dólares del erario público; en su mayoría son médicos generales, no especialistas, a quienes se les ha destinado a tareas auxiliares, transgrediendo las normas del ejercicio profesional que existe en México y relegando a los médicos nacionales hasta en la retribución económica y en lo profesional, pues aquí hay médicos mejor preparados para la atención de la emergencia y se les paga menos.
“Derivado de lo anteriormente, -cita el documento-, resulta un agravio para el gremio médico mexicano, toda vez que estos médicos extranjeros no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de profesionistas. Su intervención no ha representado ningún beneficio para la atención de nuestra población y si es una grave falta de equidad para los médicos de nuestro país”.
El documento fue firmado por los presidentes de 12 organizaciones de médicos de México, entre ellos: el Dr. Juan Roberto Torres Cisneros, Presidente Asociación Mexicana de Cirugía General y Federación Mexicana de Colegios de Especialistas en Cirugía General; la Dra. Elena López Gavito, Directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Colegios de Especialistas en Cirugía General; el Dr. Jesús Rafael Dávila Márquez, Presidente Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología; el Dr. Andrés Blanco Montero, Presidente Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica, y el Dr. Jorge Rosendo Sánchez Medina, Presidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, entre otros