POR AGP
La declaratoria de Emergencia Sanitaria “por causas de fuerza mayor” del gobierno federal, por el COVID-19, ha generado suspicacia en las organizaciones empresariales y sindicatos de trabajadores. Legalmente, o no se dio, o puede tener sus implicaciones. Para dar una opinión más certera y justa, antes de caer en el desánimo o “echar las campanas a vuelo”, prefieren esperar la publicación del decreto y las acciones que cada dependencia realizará o dispondrá para apoyar el cumplimiento de la declaratoria aprobada por el Consejo de Salubridad General.
De entrada, llama la atención que se declaró una “Emergencia Sanitaria por Causas de Fuerza Mayor” y no una “Contingencia Sanitaria”, como se contempla en el Ley Federal del Trabajo, en sus diversos artículos e incisos, como: el 42 bis, el 168, el 327, el 427 y el 429 fracción IV, según expresó la licenciada Velia Hontoria, ex presidenta de la Asociación de Industriales de la Ciudad Industrial.
Dicen los dirigentes empresariales, como Juan Yúdico Herrasti, Gonzalo Hernández y Víctor Manuel Macía, que la declaratoria no se debe prestar a ambigüedades, por las responsabilidades laborales que implica, tanto para los trabajadores como para las empresas.
LO QUE DICE EL DECRETO
Ya por la noche apareció el decreto en las redes sociales, identificándose como “Edición Vespertina del DIARIO OFICIAL / Lunes 30 de marzo de 2020:
ACUERDO POR EL QUE SE DECLARA COMO EMERGENCIA SANITARIA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, A LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19)
Primero. Se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
Segundo. La Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el numeral anterior.
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y estará vigente hasta el 30 de abril de 2020.
Dado en la Ciudad de México, a 30 de marzo de 2020.- El Secretario de Salud y Presidente del Consejo de Salubridad General, Jorge Carlos Alcocer Varela.-
PARTICIPACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS
En Conferencia de prensa, el Ministro de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, dijo que el Consejo de Salubridad, también solicitó a las diferentes dependencias del gobierno federal y de los tres niveles de gobierno, en el ámbito de sus respectivas competencias, brindar el apoyo para el buen éxito de esta declaración, para lo cual recomienda 10 puntos:
1.- La Secretaría de Gobernación debe mantener la comunicación y vínculo constante con los poderes de la unión y con los gobiernos de las entidades federativas, así como con las representaciones de la sociedad civil y con la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia de la República, incluyendo los medios de comunicación, para promover el cumplimiento de las medidas descritas en la declaratoria de emergencia’.
En su caso, el Instituto Nacional de Migración deberá tomar las previsiones sanitarias necesarias en puertos, aeropuertos y puntos terrestres de ingreso al territorio nacional para cumplir lo dispuesto.
2.- La Secretaría de Hacienda y Crédito, Secretaría de Economía, Secretaría del Trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Issste e Infonavit, deben hacer lo conducente para proteger a empresas y trabajadores durante la vigencia de la declaratoria.
3.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Economía, de Agricultura y Desarrollo Rural, deben reunirse con los sectores productivos, que participan en la producción y distribución de la canasta básica, para llevar a cabo acciones eficaces que garanticen el abasto a toda la población’.
4.- La Secretaría de Bienestar, del Trabajo y Previsión Social, y aquellas dependencias que tengan atribuciones en la materia, deben cumplir con entrega del apoyo social acordado por el presidente de la república’.
LA SEGURIDAD EN MANOS LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y SEDENA
5.-La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina Armada de México y la Guardia Nacional, deben garantizar la seguridad a las personas y sociedad, conforme a sus respectivas atribuciones, así como para la protección y resguardo de instalaciones estratégicas y redes públicas de comunicación, velando siempre por el debido respeto a los derechos humanos’.
6.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Economía, de Salud, la Función Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Insabi y el Issste resolverán las necesidades de recursos humanos, equipos, dispositivos médicos y medicamentos que sean necesarios, para que se garantice la atención oportuna y suficiente a quienes lo requieran.
7.- La Secretaría de Educación Pública, Conacyt y los centros de educación públicos y privados deben contribuir con las tareas de análisis e investigación que contribuyan a hacer frente a la pandemia’.
CONTROL EN LOS AEROPUERTOS Y ADUANAS
8.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes aplicará disposiciones sobre la entradas y salidas de aeropuertos y puertos, en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México’.
9.- La Secretaría de la Función Pública acompañará los procesos de adquisición de lo necesario para atender la emergencia temporal’.
10.- La Secretaría de Relaciones Exteriores hará lo necesario para la protección a los mexicanos en el exterior y apoyará al Sector Salud, Insabi, Instituto Mexicano del Seguro Social e Issste para facilitar el abasto y suministro de insumos médicos para hacer frente al COVID-19.’
SIN MODIFICACIÓN MONTO DE APOYOS ESTATALES
Funcionarios del gobierno del estado dieron a conocer este lunes las reglas de operación de los programas de apoyo a empresarios y ciudadanos desempleados. El primer punto, es que el monto anunciado no cambió, se quedan los 800 millones de pesos correspondientes al .3% (punto tres por ciento) que se aumentó en 2019 al Impuesto sobre la Nómina, que era del 2%. La captación de este punto tres se definió, gobierno y empresarios, que iría a una bolsa para la ejecución de obras y programas que los empresarios definirían. El monto de 2019 y 2020 se estimó en 800 millones de pesos, que se distribuyeron en obras de varios municipios, mismos que hoy quedaron desfondados. Los empresarios esperaban que al dar a conocer las reglas de operación, el gobierno del estado le pusiera de su presupuesto una cantidad igual para que se duplicara el número de apoyos, porque los 800 millones no van a alcanzar.
La conferencia de prensa donde se presentaron las reglas de operación estuvo presidida por Sergio Salgado Banda, Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, quien estuvo acompañado por Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, secretario de Desarrollo Económico Sustentable; por Gerardo Trujillo Flores, Subsecretario de Desarrollo Social, y por Luis Ernesto Rojas Ávila, Director General de COFOCE.
Los empresarios están de acuerdo en que los recursos van a servir de algo, que no son muchos los requisitos que piden y que la tasa de interés es baja; sin embargo, serán insuficientes.
PRIMERA VÍCTIMA DEL COVID-19
María Teresa Matamoros Montes, secretaria de Turismo de Guanajuato, hasta este lunes, se convirtió en “la primera víctima del COVID-19”, al presentar su renuncia, según señaló el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, a la Secretaría de Turismo; como nuevo titular de la dependencia, presentó a Juan José Álvarez Brunel, ex diputado y ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial de San Miguel de Allende, razón por la que empresarios y prestadores de servicios se manifestaron complacidos con este nombramiento. De manera especial, en este momento difícil por el que atraviesa el sector, ante una marcada situación adversa por el COVID-19 y las medidas que se han tenido que implementar al restringir la movilidad y las reuniones, ya no saben sí le hacen un favor o "se sacó la rifa del tigre". Aunque confían en él, los empresarios del ramo, ven que le están dejando un gran paquete muy grande, pues va a tener que buscar la forma de reactivar este sector.
